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Plasta Culiad@
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ooo la vieja con cuea, segun el reglamento juridico no se le puede imputar nada, es como el malo de arma mortal 2 que tenia inmunidad diplomatica.
Solange Huerta y el lado más polémico de la investigación del caso 27-F:
"Hoy la gente deberá evaluar si el factor político influyó en lo que nosotros hicimos"
Sobre la ex Presidenta Bachelet, dijo que "no le puedo tomar declaración como imputada a una persona que, desde lo jurídico, nunca va a tener esa calidad dentro del proceso".
Rodrigo Vergara y Cinthya Carvajal
La fiscal Solange Huerta no podía ocultar su felicidad. Su equipo, la Universidad de Chile, había ganado, hacía unas horas, su partido de octavos de final de la Copa Libertadores al Deportivo Quito ecuatoriano. "Ando con cara de seis cero", dice, mientras acepta con un poco de resignación la sesión fotográfica para esta entrevista. La primera que da a un medio escrito, luego de la larga audiencia de formalización de cargos (cuatro días, en rigor) a la que fueron sometidos los ocho imputados en el denominado caso Maremoto.
Y aunque no lo declara directamente, en el rostro de felicidad es probable que también aporte el resultado de la diligencia que terminó con el ex subsecretario del gobierno anterior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi de la misma administración, Carmen Fernández, además de otras seis personas (tres de ellos, uniformados de la Armada, funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico, SHOA), con prohibición de salir del país.
"La evaluación en términos generales es positiva. Y no tiene que ver tanto con los resultados, sino que con los compromisos que asumimos y que la audiencia nos permitió cumplir: nosotros les dijimos a las víctimas hace un año que nuestro compromiso era determinar qué había pasado con la máxima precisión posible. Y tengo la impresión y la convicción de que en la audiencia eso fue posible", dice.
Y a renglón seguido lanza una frase que, quizás, la tenía guardada para un momento especial: "Creo que también quedó plasmada la independencia con la que investiga la fiscalía. Tengo esa convicción".
-¿Y qué hito cree usted demuestra eso?
"Acá nosotros investigamos responsabilidades penales. Y eso en la audiencia no solamente lo dijo el juez. Cuando los intervinientes intentaron el argumento de que esto tenía cierto componente político, fue claro el juez, y eso se transmite a la ciudadanía. En este sistema, lo que se investiga son responsabilidades penales, y no hay cabida para el tema político. La defensa puede tener distintas estrategias, pero cuando el juez lo detiene -alude al episodio en que el juez Daniel Urrutia llama la atención al abogado Luciano Fouillioux, defensor de Carmen Fernández, cuando éste señala en estrados que ve una operación política en el caso- y le dice 'a ver, abogado, acá no caben las apreciaciones o temas políticos, esto es un tema penal', refleja lo que hemos dicho todo este tiempo: nosotros investigamos con independencia y autonomía responsabilidades penales".
-Pero no se puede evitar hacer la abstracción de que la causa está cruzada políticamente...
"Eso es de otro ámbito, del político. Entiendo que ya hubo una investigación en el Congreso y que se reactivó la comisión para investigar, y entiendo que es en ese lugar donde se investigan las responsabilidades políticas. Acá investigamos hechos que generen responsabilidades penales".
-¿Usted ha sentido presiones políticas en el caso?
"Francamente, no".
-Hay otro asunto. A usted se le asocia al Partido Socialista en su juventud...
"A ver. Hace casi 12 años que opté por ser fiscal. Y cuando uno opta por la fiscalía toma opciones, y claramente el cargo de fiscal lleva implícita la prescindencia política. Uno no puede tener ningún tipo de vinculación política, y esa decisión la tomé hace muchos años, cuando decidí ser fiscal, y, por lo tanto, me siento tranquila (...) Si yo en algún minuto hubiese sentido algún tipo de falta de objetividad o algún problema de autonomía, lo habría manifestado. Es la responsabilidad que también genera el cargo. Cuando uno pasa por ese tipo de cosas, uno tiene que decir 'hasta aquí llego'".
-¿Pero no pensó que su pasado socialista pudo traerle problemas al asumir la causa, considerando que eran funcionarios de un gobierno con una Presidenta socialista y ahora ella es una potencial candidata?
"Cuando el Fiscal Nacional me designó en esta investigación le dije solamente: 'Establecer qué pasó el 27 de febrero es un compromiso país, le agradezco que me haya elegido a mí, y espero poder cumplir con el nivel de confianza que usted me ha entregado'. Eso fue lo único que se me pasó por la cabeza".
-Y cuando esto pasó a ser un tema, ¿pensó en dar un paso al costado en algún momento?
"Estos hechos deben trascender lo político. Debe haber un análisis objetivo de ellos. Es lo que nosotros como país merecemos (...). Cuando existieron esos cuestionamientos, mi convicción fue que llevábamos mucho tiempo investigando el tema con los funcionarios de la policía, habíamos llegado a ciertas convicciones y, por lo tanto, en términos de evaluación y mirado en perspectiva de tiempo, iba a ser súper contraproducente tirar la investigación porque algunos creyeran que yo no tenía la suficiente independencia".
-¿Fue una posibilidad, entonces?
"Nunca lo evalué como posibilidad. Era muy injusta esa crítica".
-Pero eso es en su fuero interno, porque desde fuera es un tema que está en la mesa.
"La investigación tiene que hablar por sí misma. Hoy la gente deberá evaluar (desde lo que pasó desde el día lunes hasta hoy) si el factor político influyó en lo que nosotros hicimos".
-Uno de los querellantes (Raúl Meza) dice que va a pedir su inhabilidad porque usted se ha negado a citar a declarar a la ex Presidenta Michelle Bachelet como imputada. ¿Por qué no la ha citado?
"Primero hay que aclarar que a ella le tomamos en diciembre de 2010 una declaración, que duró toda una tarde. Abordamos todos los temas que podíamos abordar en torno a los hechos que se están investigando. En la audiencia explicamos cuál era el rol que se les asigna a los Presidentes conforme al Plan Nacional de Emergencia. Es rol de vocería, y no de decisión. Entiendo que esos dos elementos responden a esa posible crítica, en el sentido de que ya se le tomó declaración, y una declaración completa. No se ha aportado ningún antecedente que dé cuenta que sea necesario tomar una nueva declaración. Usted comprenderá que si hemos tomado a estas alturas del partido más de 800 declaraciones, no vamos a empezar, porque un abogado nos pida 'tome todas las declaraciones de nuevo', a tomar todas las declaraciones de nuevo. Por lo tanto, respecto de cada nueva solicitud de toma de declaraciones de esta persona, la pregunta es por qué, qué le faltó a esta declaración que sería necesario tomar, y la verdad es que esos antecedentes no se han aportado.
Respecto de no haberle tomado declaración como imputada, tiene que ver con eso: el carácter de imputada es un concepto que en nuestro sistema procesal penal es técnico. Es cuando los antecedentes de la investigación den cuenta que la persona puede tener algún grado de responsabilidad. Desde lo legislativo, el rol asignado al Presidente en el Plan Nacional de Emergencia o Plan de Protección Civil es de vocería. La máxima autoridad en términos de mando de autoridad está radicada en el ministro del Interior, o si no, en el subsecretario. Luego, no le puedo tomar declaración como imputada a una persona que, desde lo jurídico, nunca va a tener esa calidad dentro del proceso".
-Pero a la hora de la tragedia y en lo que se puede ver en los videos, la Presidenta aparece con un rol de autoridad dentro del COE (Comité de Operaciones de Emergencia).
"Pero desde lo penal uno tiene que estar en lo que el reglamento establece. Tal vez sea difícil de entender porque es súper técnico, pero cuando nosotros imputamos responsabilidad en un delito culposo por negligencia -en este caso, por incumplimiento de reglamento-, tiene que estar el reglamento que designa el nivel de competencia o de función que se le exige a esa persona".
-Es decir, ¿Michelle Bachelet no fue formalizada sólo por el rol que le otorga el reglamento?
"Lo que estamos diciendo es que nuestra legislación definía quién es el mando de autoridad (Interior), quién ejercía el mando de coordinación (Onemi) y quién ejercía el mando técnico (SHOA). No podemos hacer un cuestionamiento a nuestra legislación. Funcionamos en base a ella. Por eso hemos dicho e insistido: investigamos hechos que configuren un delito. Si hay otro de responsabilidades que se quieran perseguir, como por ejemplo las políticas, eso es ámbito de otro tipo de autoridad, como en este caso el Congreso".
-¿Y respecto al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma?
"La investigación da cuenta que él no se encontraba dentro de la Región Metropolitana (...) eso provocó un atraso. Él estaba en la Quinta Región, en un sector alejado. Su traslado fue bastante dificultoso, por los problemas que había en el tránsito. Y él asume su función de ministro del Interior (primera autoridad en el COE) después de que las últimas muertes se habían producido".
-Queda la impresión de que se castiga al que llegó (Rosende) y se "premia" al que, por diversos motivos, llegó tarde...
"Si el ex ministro del Interior hubiese estado en Santiago y no se hubiese presentado al COE, sería un claro incumplimiento reglamentario (...) No estando en condiciones el ministro del Interior de asumir sus funciones, debía asumir el subsecretario (...) Esto no es ni un premio ni un castigo. Esto es la determinación del cumplimiento de reglamento".
Algunos datos que podrían mejorar el sistema de protección
Si bien la fiscal Huerta y sus colaboradores anunciaron la posibilidad de nuevas formalizaciones, pero esta vez en el ámbito regional, no entrega datos sobre nombres o números de quienes podían enfrentar al tribunal. Sobre lo que sí se atreve es a entregar algunos tips interesantes sobre el sistema de protección civil. Aunque aclara, eso sí, que no es experta y no es su rol, pese a que lo investigó profundamente dos años.
"Lo que sí puedo comentar y que está en la carpeta de investigación es que hay ciertos temas que fueron aportados y comentados por ciertos especialistas en que uno podría ver que hay cosas que se podrían mejorar. Lo planteo en término de opiniones que están dentro de la investigación", dice.
Y algo de eso es lo que le comentaron los expertos del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), quienes alertaron al SHOA sobre el maremoto.
"La gente del Pacific Tsunami Warning Center, específicamente Víctor Sardiña, comentaba que sería muy útil tener un sismógrafo en el territorio insular, concretamente en Juan Fernández, porque eso permitiría tener el epicentro con mayor exactitud en menor tiempo", asevera la fiscal.
Explica que el tener un sismógrafo frente a las costas posibilitaría registrar rápidamente dónde ocurrió el sismo. Esto, porque, hasta donde ella investigó, la ubicación de los aparatos estaba dispersa a lo largo de Chile y eso hizo que las distancias pudieron ser mayores entre el lugar donde ocurrió el fenómeno y el mecanismo que lo registró.
Lo otro, es la burocracia. Según Solange Huerta, en Estados Unidos el PTWC está capacitado para emitir una alerta enseguida, sin pasar por otros organismos: "No pasa por muchas personas. El organismo que recibe los datos, los analiza y toma la decisión, está autorizado para lanzarlos directamente. Ellos funcionan así y acá en Chile se requería la coordinación de un organismo técnico como el SHOA y después la Onemi".
La fiscal agrega: "Si uno ve eso dice, 'ellos funcionan de esta manera y nosotros de esta otra'. Yo no me atrevo a dar un juicio, pero sí uno puede decir que el organismo que tiene los primeros datos está facultado para emitir la alerta en forma inmediata, y en Chile eso no sucede".