sennenring
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Entidad fiscalizadora cuestiona la forma en que se adjudicó la concesión del servicio de alimentación para las regiones del Biobío y Aysén.
Esta semana, la Contraloría terminó su investigación sobre las irregularidades denunciadas por el senador Víctor Pérez y el diputado Sergio Gahona (ambos de la UDI) en una licitación de servicios alimenticios en colegios para las regiones del Biobío y Aysén, adjudicada en $25.434 millones a las empresas Hendaya y Verfrutti.
Según lo recabado por el ente fiscalizador, a la licitación se presentaron 11 empresas. La adjudicación, sin embargo, consideró solo a tres, a pesar de que otras hicieron mejores ofertas económicas y técnicas. Y de las tres seleccionadas, se optó por Verfrutti y Hendaya, pese a que si se consideraba a Hendaya y Coan -la tercera-, el contrato habría costado $832 millones menos.
En sus descargos ante Contraloría, Junaeb argumentó que había que hacer un concurso urgente por el inicio del año escolar, por lo que se exigió que las compañías tuvieran capacidad instalada en ambas regiones. Y, según la coordinadora de programas de la institución, "a solicitud del secretario general de la Junaeb (el ex director José Miguel Serrano) se evaluaron los escenarios posibles para tres empresas".
Falta de antecedentes
La Contraloría, no obstante, advierte que la comisión de selección no definió que aquellas eran las empresas con capacidad instalada, y que, según este grupo técnico, no es posible confirmar que "la decisión de evaluar a solo tres empresas correspondió al secretario general". En el caso de Verfrutti, añade el informe, "no se tuvieron a la vista los antecedentes en base a los cuales se estableció su selección".
Por esto, Contraloría instruyó sumarios para "investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas" de los funcionarios involucrados. En paralelo, el Ministerio Público continúa su indagación por un eventual uso de información privilegiada en las licitaciones, lo que fue denunciado por la Junaeb el 15 de septiembre.
En el informe, el diputado Gahona explica que los hechos revelan que "se necesita una revisión completa a los procesos de la Junaeb, para transparentar una serie de situaciones que hemos detectado. Hay un desorden generalizado donde está involucrada la plana mayor de la institución".
Para la presidenta de los funcionarios de la Junaeb, Anita Saravia, el documento "demuestra la precariedad con la que hemos estado trabajando, respecto de la falta de personal y de sistemas informáticos, donde nos enfrentamos a una gran cantidad de recursos del Estado, sin las capacidades y los recursos que necesitamos". Como ejemplo, explica que usan programas computacionales obsoletos, lo que genera errores y también motivó un sumario.
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=207409
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