Gobierno retrocede y bajará nivel propuesto para multas por corte de energía
A las cero horas venció el plazo para el ingreso de indicaciones al proyecto de ley que reformula el sistema de transmisión eléctrica, iniciativa que la industria ha calificado como la reforma más importante para este sector desde la Ley Corta II de 2005.
Tras una serie de cuestionamientos que surgieron desde distintos frentes, especialmente del sector empresarial, por las implicancias que podrían tener algunos puntos de la normativa, el Ministerio de Energía suavizó parte de su contenido.
De este modo, el titular de la cartera, Máximo Pacheco, adelantó que son más de 25 los ajustes al texto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, tanto en los artículos transitorios como los definitivos, los cuales ahora están siendo trabajados por la Comisión de Energía y Minería del Senado.
De partida, la autoridad retrocedió y propone una fuerte reducción de las multas contempladas para fallas que impliquen corte de suministro.
En el proyecto aprobado en primer trámite, se calculaban las compensaciones en virtud del costo de falla o racionamiento (desde US$ 325 por MWh).
Según explicó en una presentación ante el Senado, para Transelec, la principal firma de transmisión del país, en el caso de una interrupción de suministro de 60 minutos por fuerza mayor, como un terremoto, la multa para ellos podría bordear nada menos que US$ 116 millones. Aplicado a lo que sucedió el 27F, ésta habría sido de US$ 90 millones.
“Esto es más que la utilidad anual de la compañía y no quiero imaginar lo que significaría para un nuevo actor. Es la quiebra”, dijo en su oportunidad el gerente general de la compañía, Andrés Kuhlmann.
En cambio, la indicación del gobierno establece que la compensación “corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante ese evento, valorizada a quince veces la tarifa de energía vigente durante la indisponibilidad de suministro”.
Esto con un tope de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$ 15 millones.
Panel de Expertos
En otro punto que el Ministerio de Energía retrocedió fue en relación con el Panel de Expertos, pues respecto de él se eliminaron varios cambios propuestos.
El principal es que los organismos de gobierno sí tendrán que cumplir sus dictámenes y la atribución que se le daba al ministro de Energía para anular sus resoluciones en forma permanente, ahora requerirá de la autorización previa de la Contraloría.
Otro de las modificaciones relevantes es que se aclara que cuando la CNE y la SEC tengan la calidad de partes en un proceso, los dictámenes del panel les serán vinculantes.
En un frente distinto están las dudas que generaban los denominados polos de desarrollo, que serán áreas que el gobierno considera prioritarias para generar líneas de transmisión, para evacuar energía de fuentes renovables.
En primer lugar, se introducen ajustes a algunas normas, para mejorar el sentido y, por tanto, cómo se aplican las normas. Así, en la definición de polos, se aludirá a cumplimiento de legislación ambiental en vez de que sea “coherente con la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza”.
Adicionalmente se plantea excluir la posibilidad de tener estos polos en Aysén y Magallanes. Así, cuando ellos se determinen, serán sometidos a una evaluación ambiental estratégica.
NUEVO COORDINADOR DEL SISTEMA TENDRÁ CINCO DIRECTORES
Una de las dudas que había en la industria a raíz del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados era cómo quedaría la composición y cómo se designarían los nombres del directorio del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, el que será el continuador de los actuales Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC). En las indicaciones que preparaba el ejecutivo se establecían varios cambios, como por ejemplo que de siete miembros, tendrá finalmente cinco consejeros. Éstos serán elegidos por un Comité Especial de Nominaciones (CEN) en base a propuestas de empresas especializadas. Del mismo modo, se aumentó el tiempo de permanencia, desde cuatro años a cinco y podrán ser reelectos una sola vez. La mesa tendrá un presidente y un vicepresidente.
El gobierno mantuvo el poder del CEN para destituir a algunos de estos consejeros, pero especificó las cuasales. Antes era por "causa justificada" y ahora será por cosas como abandono de funciones, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o falta de idoneidad por haber sido condenado por crimen, entre otras cosas.
Además, se modificó la composición del CEN. Ahora será integrado por el titular de la CNE, un integrante del Consejo de Alta Dirección Pública, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, finalmente, se sumó al presidente del Panel de Expertos o uno de sus integrados. Además, fijó la entrada en operación del organismo para el 1 de enero de 2017 para ciertas funciones, aunque otras aplicarán desde 2018.
https://www.df.cl/noticias/empresas...ra-multas-por-corte-de/2016-04-28/204214.html
