Una cosa es que esta mujer sea pariente de una de las víctimas de la dictadura, si se le indemnizó me parece bien, si se le dió algún tipo de ayuda en consideración a que el padre siendo sostenedor de la familia fue asesinado, me parece bien, corresponde indemnizar los daños y tratar de mitigar el dolor provocado si al final fue una acción de estado.
Pero otra cosa es que junto con todo lo anterior, designen a personas para cargos públicos, más encima, cargos diplomáticos, y se usen sólo a modo de premio y no para representar al país y realizar las actividades propias, más encima, ya es discutible el hecho de que al ser un funcionario diplomático, sus funciones deben realizarse en la embajada, ergo, su residencia debe estar en Washington, y no en Nueva York. Además, que el designado debería ser apto para realizar el cargo, pero no es así.
Lamento que su padre haya sido asesinado por agentes de la dictadura, pero eso no significa que los montos de las indemnizaciones se amplien a obtener cargos para los que no son aptos y sean pagos políticos, menos para ejecutar dichos cargos de manera deficiente, y menos para defraudar al Estado al tener una residencia en una ciudad distinta a la que le corresponde estar, lo cual deja en evidencia que ni siquiera está en su lugar de trabajo, esto no son vacaciones pagadas.
Pero después de todo lo ocurrido con el primer damo, ¿que esperan?