Intervención del H. Diputado Eduardo Díaz en hora de incidentes en la Cámara de Diputados
Señor Presidente:
Cuando a fines del mes pasado en Temuco el Tribunal de Garantía denegó la solicitud del fiscal jefe de la Novena Región de fijar una audiencia para quitarle el beneficio de la salida dominical a Jorge Lavandero, consideré que había llegado la hora de analizar, desde el Parlamento, las circunstancias que han rodeado los hechos ocurridos en torno a este caso.
Hablo porque me asiste el mismo convencimiento que a muchos: que en torno al “Caso Lavandero” hay aún muchos temas aún oscuros y, por tanto, bastante que aclarar.
De partida, destacaría el contraste entre la actuación de este segundo Tribunal de Garantía, respecto de la que le cupo a aquel que llevó el juicio abreviado contra Lavandero, en un procedimiento que éste nunca ha dejado de cuestionar.
Los derechos a favor del imputado que establece el Código Procesal Penal se basan en que “[…] el Juez de Garantía consultará al acusado a fin de asegurar que éste ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria, que conociere su derecho a exigir el juicio oral, que entendiere los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiere significarle y, especialmente, que no hubiere sido objeto de coacciones ni presiones indebidas por parte del fiscal o de terceros”.
Durante la audiencia de su juicio, muchos chilenos escuchamos con claridad cuando Lavandero dijo delante de la Jueza de Garantía que “se sentía presionado”, hecho tremendamente relevante al cual ella no atendió, con lo que quedaron inermes los derechos del imputado, sus derechos humanos más elementales. Pues en el nuevo sistema procesal penal, el tribunal de garantía debe precisamente procurar que la fiscalía no ejerza sobre aquel una presión desmedida.
Como recordaba recientemente don Jorge Charlet, Presidente del Consejo Administrativo del Hospital Regional de Temuco, de
acuerdo al profesor y connotado jurista de Derechos Humanos José Galeano. “nadie puede atribuir a la aceptación del juicio abreviado, el valor de una confesión de culpabilidad”.Hay que recordar que Jorge Lavandero llegó absolutamente herido en su estabilidad emocional a un juicio abreviado negociado por su defensor con el fiscal Armendáriz, en términos que al final denunció como absolutamente diferentes a los convenidos.
De este modo, un hombre completamente quebrado por el abandono, por la ofensiva feroz de los medios en su contra, que dormía poco y mal a punta de pastillas, y en hecho ya incapaz de defenderse, se le llevó a aceptar un juicio abreviado, sin que la jueza de garantía defendiera su derecho a ir a un procedimiento oral en el cual debió haberse pesado todas las pruebas que pensaba podría esgrimir a su favor.
Y si esos son los reparos al papel del Tribunal de Garantía, que le corresponde cuidar a aquel que está sometido a presiones de carácter sicológico, del papel feroz del Estado, también en cuanto al accionar del fiscal debemos recordar que éste debió sopesar en su accionar no sólo las pruebas que pudieren haber perjudicado al investigado, sino -y con la misma fuerza- también aquellas que le pudieren haber liberado. Esto no lo hizo el fiscal a cargo del caso, lo que le hizo perder la necesaria y exigible objetividad. En la Reforma Procesal Penal, la figura y el rol del fiscal son relevantes, pero siempre bajo la demanda de poner en su tarea el más estricto celo y objetividad. Muchos opinan, y opinamos, que estuvo muy lejos de suceder así en este caso.
Para qué recordar el papel del abogado defensor, que en definitiva lo único que consiguió fue un pésimo juicio abreviado, para terminar con su defendido preso, aunque cobrando insistentemente cuantiosos honorarios.
Entonces, caben dudas de como funcionan las instituciones, si las transacciones se hacen una mala costumbre entre todos los actores clave de esta nueva justicia criminal, a cambio de mostrarles a las autoridades hermosas estadísticas en color verde y honorarios cancelados. Después de este caso y otros muchos, sobre la confiabilidad de esta nueva institución cada vez surgen más dudas.
Jorge Lavandero, incluso antes del final del juicio, fue públicamente condenado. Tal vez por eso tomó decisiones equivocadas, porque a las audiencias no llegó el político claro de mente y de palabra que siete veces resultó electo parlamentario, sino un hombre anímicamente destrozado, sólo contra el avasallador poder de un Estado, que encontró en el suyo el caso ejemplar para difundir la Reforma Procesal Penal ante la opinión pública, y que invirtió una fortuna en liquidarlo, prueba de lo cual fueron las millonarias cuentas de pasajes aéreos, hoteles, restaurantes y autos arrendados rendidas por la numerosa comitiva del fiscal de Las Condes que se fue a Temuco.
Ya terminará algún día Lavandero su condena. Tendrá ocasión entonces de intentar una postrera defensa de su figura, tras haber pagado muy duro por delitos de los cuales sigue clamando ser inocente.
Por todo lo dicho, y a partir de la serie de hechos irregulares que rodearon el caso desde sus inicios hasta el día de hoy, creo que Jorge Lavandero nunca pudo ejercer su derecho a un proceso justo.
La jueza de garatía no cumplió su rol de garantizarle los derechos más elementales, pese a estar viendo que no estaba en condiciones de tomar las decisiones que tomó, y que tan caro le costaron y a pesar de haber señalado expresamente que se sentía presionado.
Y junto al accionar del fiscal y del abogado defensor, impidieron que fuera a un juicio oral en el que se desplegara toda la evidencia y todas las pruebas que tenía para defenderse.
Por lo tanto, creo que en un tiempo más, cuando pueda intentar borrar los manchones lanzados sobre su imagen, muchos chilenos haremos fe de su versión de lo sucedido.
Dados estos antecedentes, yo creo que Lavandero es inocente y muchísimos más así lo creen.
Señor Presidente: en atención a los conceptos vertidos en estas palabras, ruego a Ud. se oficie copia íntegra de mi intervención a la señora Verónica Baraona del Pedregal, Subsecretaria de Justicia, y al señor Guillermo Piedrabuena Richard, Fiscal Nacional del Ministerio Público.
He dicho.
Nota: al final de su intervención el Diputado Díaz fue felicitado por los Diputados Fernando Mesa, Segundo Vice-Presidente de la Cámara de Diputados; Carlos Olivares; Mario Venegas; Alejandra Sepúlveda; Jaime Mulet.
profesor y connotado jurista de Derechos Humanos José Galeano. “nadie puede atribuir a la aceptación del juicio abreviado, el valor de una confesión de culpabilidad”.
JAJAJJAJAJA PAR DE WN ....UN JUICIO ABREVIADO NO SIGNIFICA SER CULPABLE ...
Se cagaron de la mejor forma a este viejo
es verdad
EXACTO ¡¡¡¡¡¡¡.........JORGE LAVANDERO ILLAÑES VICTIMA DE UN COMPLOT
Yo le creo a Lavandero y siempre he pensado q el viejo no es culpable, así de simple.
Yo cacho q lo cagaron, ahora voy a tratar de leer el libro.
EXACTO LO CAGARON¡¡¡¡¡
MUESTRAS DE APOYO DE LOS MINEROS EN LOS AÑOS QUE FUE
PRESO POLITICO
