De forma unánime, la sala del Senado aprobó el proyecto que modifica la ley 18.216 y crea nuevas penas sustitutivas a la prisión, entre éstas la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva, que implica el seguimiento de condenados a través del brazalete electrónico.La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, fue aprobada con 32 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, con lo que quedó lista para ser promulgada como ley.
Con esta nueva normativa, se crearán cuatro nuevas penas alternativas, que se sumarán a las ya existentes. Éstas son la reclusión parcial diurna, nocturna y de fin de semana (actualmente sólo existe la nocturna); la libertad vigilada intensiva, que conlleva el uso de la nueva tecnología; la prestación de servicios en beneficio de la comunidad; y la expulsión de condenados extranjeros con residencia ilegal.
Estas penas alternativas no se aplicarán en el caso de los condenados por delitos de mayor connotación social, como violación, femicidio, parricidio, secuestro y tráfico de drogas. La implementación de los cambios implicará una inversión de más de US$ 50 millones, a lo que se suma el aumento de 585 nuevos funcionarios: 287 nuevos delegados de libertad vigilada, 182 para el monitoreo telemático (brazalete electrónico) y otros 106 para los servicios comunitarios.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, agradeció a los senadores el rotundo respaldo a la iniciativa y destacó que los principales objetivos de la reforma son fomentar la reinserción social de los condenados y racionalizar el uso de las penas de cárcel. "Queremos que la privación de libertad sea para personas que cometan los delitos más graves", afirmó.
El secretario de Estado destacó que "ésta es quizás la reforma más relevante en las penas sustitutivas de cárcel en los últimos 29 años y estamos introduciendo fuertemente tecnología, que redundará en mayor seguridad de que la gente cumpla las penas".
Aunque la aprobación fue unánime, hubo senadores que expresaron observaciones, como Soledad Alvear (DC), quien advirtió que el Ejecutivo debe disponer los recursos necesarios para implementar la reforma. "Cuando no existen los recursos necesarios podemos quedarnos con un muy buen proyecto, pero de difícil implementación. Se requiere recursos, personal nuevo y un servicio adecuado que se haga cargo de esta situación", señaló.
Junto a esto, advirtió que "si existen penas alternativas y se vulnera o vuelve a cometer un delito o no se realizan los trabajos en beneficio de la comunidad, la ciudadanía va a reprochar estas medidas alternativas". Por su parte, el senador Alejandro Navarro (MAS) sostuvo que si bien el proyecto es positivo, se requiere un cambio mucho más profundo en el sector, que involucre una completa reestructuración de Gendarmería. "Este proyecto es positivo, pero es sólo una parte", subrayó.
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