Fachos presentes
APROBACIÓN DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CÁMARA BAJA: GRAVE ERROR
4 de abril de 2013
Ante la lamentable aprobación de la acusación constitucional contra el Ministro Harald Beyer en la Cámara de Diputados, insistimos en la falta de fundamentos jurídicos y factuales de ésta.
¿Cuáles son estos fundamentos?
El principal motivo dice relación con la
supuesta omisión por parte del Ministro del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, en particular de fiscalización de su sector. El documento acusatorio señala que es pública y notoria la existencia de prácticas en las cuales diversas universidades no estarían cumpliendo con las normas referidas a la prohibición de perseguir fines de lucro. Y que “no se puede si no concluir que el actual Ministro tiene un conocimiento evidente y demostrado sobre estos hechos”. “Pese a todo lo anterior, se ha negado o ha omitido ejercer las herramientas fiscalizadoras que le otorga la ley”, aduciendo que no hay denuncias o que está imposibilitado para detectar dichas prácticas.
La mayor parte de la evidencia en que se apoya esta acusación proviene del Informe de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, así como también de recortes de prensa que constituyen más bien opiniones de personas relacionadas y no hechos comprobados. Este Informe, presentado a mediados del año pasado y que analizamos críticamente , tenía serias debilidades, por las que finalmente no consiguió el respaldo necesario para su aprobación. En primer lugar, carecía de la estructura básica esperable para un documento de esta índole, que debiera basar sus conclusiones en evidencia objetiva. Asimismo, presentaba como antecedentes opiniones evidentemente tendenciosas (en lugar de hechos comprobados) y terminó siendo simplemente una reproducción de las presentaciones de los invitados a exponer al Congreso de forma desordenada y repetitiva, ninguno de los cuales mostró evidencia documentada que avalara las acusaciones finales. De hecho, en el propio informe se reconoce que no se contó con la información requerida para la investigación. Sin duda, un trabajo así no puede considerarse evidencia seria para una acusación como la que se está queriendo llevar adelante.
En segundo lugar, se acusa al Ministro de
“no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia” (la División de Educación Superior –DIVESUP– y el Servicio de Información de la Educación Superior –SIES–). Se sostiene que el Jefe de la DIVESUP habría caído en las mismas omisiones que el Ministro al no denunciar ni investigar posibles ilícitos. Y en cuanto al SIES, se señala que éste no cumplía con proporcionar la información que debiera por ley, lo que resulta paradojal, pues fue este Gobierno el que logró sacar adelante la transparencia en la información de las instituciones; más aún, algunos datos proporcionados por el mismo SIES son utilizados para sostener las acusaciones.
Un ejemplo de esto es la información mencionada en el rechazado Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, respecto a la existencia de utilidades el año 2009 en 58 de las 62 universidades, lo cual los hace presumir la existencia lucro. En relación a esto, reiteramos que un resultado operacional positivo no significa tener esos recursos líquidos, pues el estado de resultados contabiliza los ingresos y gastos devengados en el período, que no necesariamente son desembolsados al instante y por lo tanto no implican una disponibilidad de caja que eventualmente podría retirarse. Más aún, la gran expansión en la infraestructura (de un 311% entre 1997 y 2009) de las universidades privadas ha tenido un costo que alguien ha debido pagar, ya sea a través de donaciones, la inversión de un tercero o bien mediante un resultado operacional positivo. Pretender que las inversiones en infraestructura provengan exclusivamente de los aranceles cobrados a los alumnos es improbable.
Un tercer motivo esgrimido contra el Ministro dice relación con la infracción al principio de probidad, al no haber dictado oportunamente reglamentos necesarios para la ejecución de la ley, ya que la probidad exigiría “expedición en el cumplimiento de las funciones legales”.
En primer lugar, el concepto de probidad administrativa consiste según nuestro ordenamiento jurídico en “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular” . A partir de esta definición no se advierte cómo una supuesta dictación inoportuna de ciertos reglamentos por parte del Ministro podría vulnerar este principio. Por lo mismo, no basta asimilar la infracción constitucional a cualquier tipo de conducta; ello implicaría admitir que la infracción constitucional no tiene autonomía ni sentido, y daría pie para una seguidilla interminable de acusaciones constitucionales fundadas en cualquier cosa menos en el texto de la Constitución.
Además, la Constitución dispone como atribución del Presidente de la República dictar los reglamentos que crea conveniente para la ejecución de las leyes , sin necesidad de hacer una justificación técnica. No existe una disposición que obligue al Presidente a dictar reglamentos de ejecución en un plazo determinado. Ahora bien, si éste fuera el caso, y el legislador dispusiera el plazo no sólo resultaría dudosa la constitucionalidad de la norma, sino que no sería vinculante ni exigible dicho plazo para el Presidente . Sin perjuicio de esto, el Ministro de Educación no sólo dictó los reglamentos correspondientes sino que además se hizo cargo de la tardanza de gobiernos anteriores en esta materia. Por ejemplo, la dictación del reglamento que tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES) estaba pendiente desde el año 2006 , y fue esta administración la que se hizo cargo del tema.
Libertad y Desarrollo.
