"Este caso es una farsa"
Caracas.- "La condena infundada del líder opositor Leopoldo López y tres estudiantes venezolanos, en relación con incidentes violentos ocurridos durante las protestas de 2014 en el país, muestra el deterioro extremo del estado de derecho en Venezuela", así lo señaló Human Rights Watch, según una nota de prensa.
"El juicio estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso, y no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito", estimó la organización, citando a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"Este caso es una farsa", observó Vivanco, quien agregó que "en un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente".
Human Rights Watch aseguró que tuvo acceso al expediente del caso, y "no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados. El equipo de defensores de López dijo a Human Rights Watch que la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público".
Afirman que "el derecho venezolano y los estándares internacionales de derechos humanos disponen que, salvo en circunstancias extraordinarias, los procesos penales deben ser públicos. Sin embargo, no se permitió que miembros del público incluidos periodistas y observadores internacionales estuvieran presentes durante todo el juicio".
Este 10 de septiembre de 2015, la justicia condenó a López a 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas en prisión por todos los cargos que presentó el Ministerio Público, incluyendo instigación pública y asociación para delinquir, por hechos ocurridos durante una manifestación que tuvo lugar en Caracas el 12 de febrero de 2014. Tres estudiantes cuyas causas se acumularon a la de López también fueron condenados. Uno fue sentenciado a cuatro meses, otro a seis meses, y el tercero a más de diez años. López permanecerá detenido y los estudiantes seguirán en libertad condicional.
El Ministerio Público imputó a López inmediatamente después de la protesta del 12 de febrero, luego de que funcionarios gubernamentales señalaran que López había incitado hechos violentos en el marco de la protesta, incluidos ataques contra oficinas y vehículos gubernamentales. López se entregó el 18 de febrero de 2014, y desde entonces permanece detenido en la prisión militar de Ramo Verde.
Sobre los estudiantes y el proceso
Los tres estudiantes condenados Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González "fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad luego de la protesta del 12 de febrero de 2014. Los estudiantes dijeron a Human Rights Watch que fueron sometidos a abusos físicos durante su aprehensión y en la dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la zona, donde permanecieron incomunicados por 48 horas", destaca la nota.
"Durante su detención, los estudiantes no tuvieron acceso a sus abogados y no se les permitió ver a sus familiares", afirman.
"Posteriormente, fueron llevados ante un juez y acusados de varios delitos. La prueba aportada por el Ministerio Público en su contra incluía prendas de vestir que, según afirmaron los estudiantes, habían sido manchadas con gasolina por agentes de seguridad, y fotografías de personas no identificadas que participaron en incidentes con miembros de fuerzas de seguridad y que fueron colocadas junto a las fotografías tomadas a los estudiantes en la dependencia policial", señalan en la información.
Un cuarto estudiante acusado en el caso, Marco Aurellio Coello, salió de Venezuela a principios de septiembre.
Criticaron que "la mayoría de los jueces venezolanos no gozan de estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos por medio de mecanismos que no respetan garantías básicas de debido proceso. Esto deja abierta la posibilidad de que sean destituidos como consecuencia de las decisiones que adopten, lo cual contradice estándares internacionales básicos de derechos humanos y socava gravemente la independencia judicial en el país", señaló Human Rights Watch.
incapacidad de refutar con argumentos
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