Bolas de silicio
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La Constitución y las demandas sociales
Por: Fernando Atria
“La nueva Constitución”, nos dicen, “no tiene relación con las demandas que han surgido desde el 18 de octubre”, que se refieren a cuestiones de rango legal. Esas demandas se referirían a cuestiones de rango legal, que no tienen relación alguna con la Constitución. Pero basta hacer memoria para notar la falsedad de esta idea. Fueron inconstitucionales el fondo solidario del Auge; el cambiar la definición de empresa para enfrentar el abuso del multirut; la titularidad sindical; fortalecer al Sernac para proteger eficazmente al consumidor; que las entidades privadas con convenios con el Estado debieran dar a las mujeres las prestaciones médicas lícitas que requirieran; prohibir a las empresas controlar universidades privadas, etc. En todos estos casos se buscaba enfrentar diversas formas de abuso de modos que afectaban intereses de poderes fácticos poderosos, y la Constitución estuvo del lado de estos últimos, no de los ciudadanos.
Pero la cuestión es más profunda. Comentando la creación de un “ente” administrador del 4% adicional de ahorro previsional, el profesor Arturo Fermandois (El Mercurio, 31/5/19), explicaba que cualquier órgano público que se creara debía actuar “en una igualdad competitiva con los particulares”, excluyendo, por ejemplo, “el uso gratuito de infraestructura estatal”, etc. El Estado, decía, puede administrar fondos previsionales, pero como si fuera una empresa, compitiendo con los agentes privados.
Es decir, la Constitución prohíbe al Estado declarar que es parte de su función realizar derechos fundamentales, incluido el derecho a la seguridad social; y que por eso la infraestructura estatal, que existe para eso, será utilizada sin cobrar a los ciudadanos por ese servicio. La ortodoxia constitucional, expresada por el profesor Fermandois, impone al Estado el deber constitucional de asegurar las condiciones de la competencia, incluso en pensiones. Afirma que, desde el punto de vista constitucional, el deber fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado antes que asegurar la realización de los derechos sociales.
Esta idea es parte, decía el profesor, de los “elementos constitucionales básicos”. Ella excluye la posibilidad del reconocimiento real de los derechos sociales a la seguridad social, la educación, la protección de la salud, etc. No excluye, por cierto, sino exige, una comprensión neoliberal de estas esferas, transformadas en esferas de mercado. Hay quienes creen que mercantilizarlas es la mejor manera de organizarlas. Pero es evidente que esa mercantilización está, al menos en parte, detrás del “estallido” del 18 de octubre; y es también evidente que habemos muchos que creemos que eso no es realización, sino negación de derechos sociales. La crisis política que vivimos es consecuencia de un modelo neoliberal que está constitucionalmente asegurado. Mientras no haya nueva Constitución, ella no tendrá solución.
https://www.latercera.com/opinion/n...ociales/951116/amp/?__twitter_impression=true
Por: Fernando Atria
“La nueva Constitución”, nos dicen, “no tiene relación con las demandas que han surgido desde el 18 de octubre”, que se refieren a cuestiones de rango legal. Esas demandas se referirían a cuestiones de rango legal, que no tienen relación alguna con la Constitución. Pero basta hacer memoria para notar la falsedad de esta idea. Fueron inconstitucionales el fondo solidario del Auge; el cambiar la definición de empresa para enfrentar el abuso del multirut; la titularidad sindical; fortalecer al Sernac para proteger eficazmente al consumidor; que las entidades privadas con convenios con el Estado debieran dar a las mujeres las prestaciones médicas lícitas que requirieran; prohibir a las empresas controlar universidades privadas, etc. En todos estos casos se buscaba enfrentar diversas formas de abuso de modos que afectaban intereses de poderes fácticos poderosos, y la Constitución estuvo del lado de estos últimos, no de los ciudadanos.
Pero la cuestión es más profunda. Comentando la creación de un “ente” administrador del 4% adicional de ahorro previsional, el profesor Arturo Fermandois (El Mercurio, 31/5/19), explicaba que cualquier órgano público que se creara debía actuar “en una igualdad competitiva con los particulares”, excluyendo, por ejemplo, “el uso gratuito de infraestructura estatal”, etc. El Estado, decía, puede administrar fondos previsionales, pero como si fuera una empresa, compitiendo con los agentes privados.
Es decir, la Constitución prohíbe al Estado declarar que es parte de su función realizar derechos fundamentales, incluido el derecho a la seguridad social; y que por eso la infraestructura estatal, que existe para eso, será utilizada sin cobrar a los ciudadanos por ese servicio. La ortodoxia constitucional, expresada por el profesor Fermandois, impone al Estado el deber constitucional de asegurar las condiciones de la competencia, incluso en pensiones. Afirma que, desde el punto de vista constitucional, el deber fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado antes que asegurar la realización de los derechos sociales.
Esta idea es parte, decía el profesor, de los “elementos constitucionales básicos”. Ella excluye la posibilidad del reconocimiento real de los derechos sociales a la seguridad social, la educación, la protección de la salud, etc. No excluye, por cierto, sino exige, una comprensión neoliberal de estas esferas, transformadas en esferas de mercado. Hay quienes creen que mercantilizarlas es la mejor manera de organizarlas. Pero es evidente que esa mercantilización está, al menos en parte, detrás del “estallido” del 18 de octubre; y es también evidente que habemos muchos que creemos que eso no es realización, sino negación de derechos sociales. La crisis política que vivimos es consecuencia de un modelo neoliberal que está constitucionalmente asegurado. Mientras no haya nueva Constitución, ella no tendrá solución.
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