Contraloría acredita anomalías en más de 3000 casos de exonerados políticos y ordena sumario en el IPS
Las irregularidades derivaron en que el instituto de Previsión Social emitiera pagos por más de 29 mil millones de pesos, aún cuando más de tres mil personas no cumplían los requisitos para ello. La mayoría de los beneficiados pertenecen a los partidos Comunista y Socialista y carecían de relatos políticos ante la oficina de la cartera. Muchos presentaron certificados emitidos por conocidas autoridades, entre ellas Isabel Allende, Camilo Escalona, Ricardo Núñez y Jaime Gazmuri.
La Contraloría estableció una serie de irregularidades en el otorgamiento de beneficios a los exonerados políticos desde el Ministerio del Interior que derivó en que el instituto de Previsión Social emitiera pagos por más de 29 mil millones de pesos, aún cuando más de tres mil personas no cumplían los requisitos para ello.
De acuerdo al informe de 278 páginas emitido hoy por el organismo fiscalizador, hay casos donde distintas personas, en su mayoría pertenecientes a los partidos Comunista y Socialista (PC y PS, respectivamente) carecían de relatos políticos ante la oficina de la cartera y muchos de ellos presentaron certificados emitidos por conocidas autoridades, entre ellas Isabel Allende, Camilo Escalona, el PS Ricardo Núñez, Jaime Gazmuri, entre otros.
Por dichas anomalías, le entidad revisora ordenó la realización de un sumario administrativo en el IPS, con el fin de establecer quién autorizó los pagos que van desde 2001 a 2010 en algunos casos.
Otro punto que la Contraloría ordenó al IPS es que establezca parámetros más idóneos antes de que la institución desembolse dineros fiscales, como también -y esto además corre para Interior- mantenga una línea de contacto directo con el Registro Civil con la finalidad de que las carpetas de cada uno de los beneficiarios estén al día.
Hay que recordar que Interior, cuando ejercía el cargo Rodrigo Hinzpeter en 2010 denunció pagos irregulares a falsos desaparecidos, cuestión que derivó en una revisión completa de casos similares y una investigación que lleva el Ministerio Público. La información también llegó a manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Tanto Interior como el IPS deberán informar las medidas adoptadas en un plazo no inferior a los 60 días, señala el informe.
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