—En migraciones, hasta ahora el programa contemplaba que el proceso de regularización de inmigrantes ilegales fuera una revisión caso a caso, que ya era distinto a lo que se propuso en la primaria, donde era más amplio. ¿Habrá medidas más estrictas para endurecer criterios para quienes acceden a la regularización?
—No, cumpliendo con la ley estamos en un marco normal, la ley nuestra está en el marco de los acuerdos internacionales. Aquellas personas que ingresan irregularmente, y que después en el proceso de regularizar tienen antecedentes o situaciones criminales, tendrán que salir del país. Y ningún país puede asegurar que solo haya migración regular. Lo que sí habrá ahora es una mayor inversión en infraestructura para apoyar a los alcaldes que están recibiendo parte importante de este movimiento migratorio.
—¿Y de qué magnitud o de cuántos recursos sería ese apoyo?
—Todavía no está definido, ahora lo estamos viendo con los alcaldes. Y lo otro es que la burocracia del sistema migratorio empuja a muchos migrantes a la irregularidad, entonces estamos súper comprometidos, en un espacio de tiempo lo más corto posible, a salir de las filas virtuales, para enfrentar ese colapso.
—¿Esa infraestructura serían albergues para evitar que se produzcan asentamientos de migrantes ilegales en plazas, como sucedió en Iquique?
—Claro. Hay que asegurar es que no haya una desigualdad territorial en el costo de la crisis, que una determinada comuna no sea vea enfrentada a tener un centenar de personas a las que no les puede dar albergue, baño o comida. Y eso debe venir de la mano de mucho más control en las fronteras, una conversación internacional con otros países.
—Y un migrante ilegal, mientras se define si se le regulariza o no, ¿deberá permanecer solo en ese lugar a la espera de la decisión, o podrá circular?
—Son detalles que hay que mirar después.
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